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Imágenes satelitales apunta a que era campo de exterminio

Teuchitlán, Jalisco, 28/03/2025 (Más).– Un análisis satelital realizado por investigadores del Gobierno de México detectó concentraciones anómalas de ceniza y emisiones de humo de hidrocarburos en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, años antes de que se confirmara su presunto uso como centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El estudio, revelado por el periódico El País, señala un evento atípico el 22 de febrero de 2019, que refuerza las denuncias de colectivos de búsqueda sobre la existencia de crematorios clandestinos en el lugar.

La investigación fue elaborada por especialistas del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), adscrito a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (antes Conahcyt). Utilizando imágenes del satélite europeo Sentinel-2 y un índice diseñado por el propio centro, el NDAI5, se identificó una inusual concentración de cenizas en la zona delantera del rancho, coincidente con el sitio donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró cientos de fragmentos óseos en marzo pasado.

El estudio también detectó una estela de humo negro en las imágenes satelitales de febrero de 2019, lo que los investigadores atribuyen a la quema de hidrocarburos como gasolina o llantas. “Estamos seguros de que ese tipo de humo solo puede generarse a partir de combustibles específicos, y su localización dentro del rancho, que no tenía actividad agrícola, es altamente sospechosa”, explicó José Luis Silván, integrante de CentroGeo, en declaraciones citadas por El País.

Los hallazgos fueron entregados esta semana a la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco, aunque el estudio aún no se ha hecho público de manera oficial. En su desarrollo se analizaron cientos de imágenes satelitales descartando aquellas con presencia de nubes, lo que permitió detectar con precisión la anomalía del 22 de febrero de 2019.

Adicionalmente, datos del sistema FIRMS de la NASA confirmaron la presencia de focos de calor en el área del rancho entre el 26 de enero y el 9 de febrero de ese mismo año. La investigadora Gabriela Belaunzarán, experta en geoinformática, sostuvo que esa actividad térmica sostenida por más de dos semanas puede deberse a un incendio controlado y alimentado intencionalmente.

Las imágenes de la NASA no tienen la precisión del Sentinel-2, pero su frecuencia diaria aporta contexto adicional. Según El País, FIRMS también ha detectado actividad térmica en años posteriores en las inmediaciones del predio, incluyendo eventos prolongados en mayo de 2021, marzo de 2023, enero de 2024 y febrero de 2025, este último apenas semanas antes del hallazgo de restos óseos por los colectivos.

El origen del índice NDAI5 se remonta a una serie de experimentos financiados en 2021 por la Comisión Nacional de Búsqueda. En ellos se quemaron restos de cerdo con sustancias como sosa cáustica y cal para simular la incineración de cuerpos humanos y desarrollar métodos de detección desde el espacio. Los resultados permitieron identificar con mayor precisión rastros de ceniza y residuos derivados de combustibles utilizados comúnmente en prácticas criminales.

La tecnología desarrollada por CentroGeo ya había sido empleada en investigaciones anteriores, como la del caso Ayotzinapa. Para Teuchitlán, los científicos aplicaron una metodología de comparación cruzada entre imágenes, que evidenció la presencia reiterada de anomalías térmicas en terrenos baldíos o sin actividad agrícola, indicadores de potenciales centros de quema o exterminio.

Aunque los investigadores no afirman categóricamente que las cenizas correspondan a restos humanos, consideran que, a la luz del contexto, hay una alta probabilidad de que así sea. “No nos atrevemos a afirmarlo de forma concluyente, pero todo apunta a que lo ocurrido ahí no fue un accidente ni una práctica agrícola común”, indicó Silván en El País.

El Gobierno federal ha evitado hasta ahora utilizar el término “centro de exterminio” para referirse al rancho Izaguirre, pese a las evidencias señaladas por los colectivos y los datos satelitales. Esta postura ha generado críticas de familiares de víctimas y activistas, quienes insisten en el reconocimiento formal del lugar como sitio de crímenes de lesa humanidad.

El caso de Teuchitlán se suma a una lista de predios utilizados presuntamente por organizaciones criminales para la desaparición y destrucción de cuerpos, como La Gallera en Baja California o El Limón en Veracruz. En Jalisco, donde se estima hay al menos 15,000 personas desaparecidas, los colectivos de búsqueda siguen siendo el principal motor para el hallazgo de estos espacios.

Desde 2018, los investigadores de CentroGeo han identificado más de 8,000 puntos con altas concentraciones de ceniza en la región Valles de Jalisco. Aunque la mayoría puede atribuirse a actividades agrícolas, la aparición esporádica de humo negro en sitios sin cultivo plantea interrogantes sobre otros posibles centros clandestinos aún no identificados.

El análisis del rancho Izaguirre representa, según los expertos, una “expresión de mínimos” de lo ocurrido en la zona. Dado que el satélite Sentinel-2 captura imágenes cada seis días, muchas otras actividades criminales podrían haber quedado fuera del registro visual. La combinación de tecnologías y la participación activa de los colectivos de familiares siguen siendo claves para avanzar en la localización de desaparecidos.

Con información de massinformacion.com.mx

Tips al momento

Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet

La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en  la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.

Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.

Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.

Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.

También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.

Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.

Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.

De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.

Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.

Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.

 

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