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Ulises Bravo, hermano de Cuauhtémoc Blanco, y el proceso por violencia familiar que enfrenta

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .-  Ulises Bravo Molina, hermano del exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, enfrenta un proceso judicial por el delito de violencia familiar. La denuncia fue presentada por su expareja, Liu León, quien aseguró haber sufrido agresiones físicas y psicológicas durante los 11 años que compartieron una relación.

Las acusaciones contra Bravo Molina incluyen presuntos actos de violencia en perjuicio tanto de Liu León como de su hija menor. Según el testimonio de la denunciante, las agresiones se intensificaban cuando él consumía alcohol. El caso está siendo revisado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, luego de que se revocara una resolución previa que lo había eximido de ser vinculado a proceso.

 

Tribunal ordena revocar no vinculación

El 5 de noviembre de 2024, la Tercera Sala del Sistema Acusatorio Adversarial del TSJ de Morelos ordenó la revocación de la decisión que había determinado no vincular a proceso a Bravo Molina. La resolución fue resultado de un recurso de apelación interpuesto por Liu León, quien solicitó que el caso continuara bajo revisión judicial.

Los magistrados Rafael Brito, Juan Emilio Elizalde y Marta Sánchez Osorio conformaron la sala que resolvió la revocación. La decisión reactivó el proceso penal, abriendo la posibilidad de que se establezcan medidas cautelares contra el político.

Posteriormente, el 29 de noviembre, en audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el juez Luis Guillermo Ortega Castillo ratificó las medidas de protección ya impuestas, entre ellas la prohibición de que Bravo Molina se acerque a Liu León o acuda a lugares frecuentados por ella. La solicitud de nuevas restricciones, como la retención de pasaporte y visa, fue rechazada por el juzgador.

Denuncias en Morelos y CDMX

Liu León presentó denuncias en las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México. Según sus declaraciones, los actos de violencia ocurrieron tanto en la capital del país como en Morelos. Afirmó que durante su relación fue víctima de chantajes, maltrato físico, control financiero y amenazas.

En entrevista con Aristegui Noticias, publicada el 14 de diciembre de 2023, León relató episodios específicos en los que, según su testimonio, Bravo Molina la agredió físicamente incluso cuando tenía a su hija en brazos. Indicó que el hermano del exgobernador utilizaba su posición política para evitar consecuencias legales y mantener control sobre ella.

También señaló que algunos episodios de violencia fueron presenciados por familiares, incluidos la madre de Bravo Molina y Cuauhtémoc Blanco, sin que intervinieran más allá de intentos de mediación.

Posición de las partes

Liu León expresó que el proceso judicial representa un esfuerzo por obtener justicia para ella y su hija. En sus redes sociales aseguró que la vinculación a proceso constituye una respuesta legal ante los hechos que ha denunciado desde junio de 2023.

Por su parte, Bravo Molina ha negado los señalamientos. En una publicación del 6 de noviembre en su perfil de Facebook, indicó que no fue notificado formalmente de la resolución judicial que revocó su no vinculación a proceso. Afirmó que los medios tuvieron conocimiento antes que él y calificó la situación como un caso de manipulación judicial.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 12 de noviembre, Bravo Molina aseguró que es víctima de una persecución política por parte del fiscal general de justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara. También afirmó que la denunciante ejerció violencia contra él y su hija, y que ha presentado pruebas para sustentar esa versión.

El exdirigente de Morena en Morelos sostuvo que el caso ha sido utilizado con fines políticos y advirtió que podría tomar acciones legales contra quienes lo acusan.

 

 

 

 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet

La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en  la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.

Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.

Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.

Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.

También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.

Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.

Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.

De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.

Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.

Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.

 

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