Una pareja de Michigan, detenida en Quintana Roo por presunto fraude contra una cadena hotelera, ha solicitado la intervención del gobierno de Estados Unidos, argumentando que están siendo perseguidos por denunciar presuntas prácticas engañosas en la venta de tiempos compartidos.
Paul Akeo, de 58 años y veterano de la Marina, y su esposa Christy, de 60, viajaron a Cancún el pasado 4 de marzo para unas vacaciones, pero fueron arrestados al aterrizar en México. Según informó CNN, la detención se debió a una orden de captura emitida tras una denuncia de "The Palace Company" por un supuesto fraude de más de 116 mil 500 dólares en pagos cancelados de una membresía de tiempo compartido.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la pareja firmó en 2021 un contrato con la empresa Palace Elite, filial de la cadena hotelera, y usó una tarjeta de crédito para pagar la membresía. Sin embargo, entre agosto y noviembre de 2022, los pagos fueron cancelados. Además, la fiscalía señaló que Christy Akeo publicó en redes sociales información sobre el supuesto fraude cometido contra la compañía.
Por su parte, el abogado de la familia, John Manly, afirmó que los Akeo decidieronimpugnar los cobros tras considerar que la empresa no cumplió con los servicios prometidos.
"Están detenidos porque se atrevieron a denunciar las prácticas engañosas y el abuso bien documentado de sus clientes de tiempo compartido", declaró el defensor a CNN. Según Manly, la compañía hotelera habría tomado represalias contra la pareja tras su disputa con la entidad financiera.
La situación ha llamado la atención de congresistas estadounidenses, como el representante de Michigan, Tom Barrett, quien aseguró en redes sociales que trabaja para resolver el caso "de manera urgente y segura". El Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado que está al tanto de la detención, pero no ha dado detalles sobre su intervención.
Manly ha denunciado que sus clientes están recluidos en una prisión de máxima seguridad en condiciones inhumanas y que su salud se ha deteriorado. La familia ha exigido su liberación inmediata, mientras que el proceso judicial en su contra continúa en Quintana Roo con una prisión preventiva justificada de hasta seis meses.
Con información de: LatinUs.