Un juez de EU impide al gobierno de Donald Trump acelerar nuevas deportaciones
Un juez federal impidió el viernes al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportar a migrantes a países con los que no tenían ninguna relación existente sin darles la oportunidad de presentar alegaciones de que se enfrentarían a persecución o tortura si eran enviados allí.
El juez de distrito Brian Murphy emitió durante una audiencia en Boston unaorden de restricción temporal a nivel nacional diseñada para proteger a los migrantes sujetos a órdenes finales de expulsión de ser deportados rápidamente a países distintos de los que ya habían sido identificados durante los procedimientos de inmigración.
Desde que asumió el cargo el 20 de enero, el Gobierno de Trump ha alcanzado o ampliado acuerdos con México y naciones centroamericanas para acoger a deportados de otros países. A principios de este mes, Trump invocó una ley de 226 años de antigüedad para enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una prisión de alta seguridad en El Salvador.
La medida fue bloqueada por un juez federal, pero los vuelos que transportaban a más de 200 deportados continuaron hacia El Salvador, donde los hombres permanecen detenidos a pesar de las objeciones de grupos de inmigrantes y de derechos civiles.
La decisión de Murphy se produjo en el marco de una demanda presentada el domingo por un grupo representado por defensores de los derechos de los inmigrantes que impugnan una política adoptada recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos cuyo objetivo es acelerar las deportaciones de miles de inmigrantes que habían sido puestos en libertad previamente.
La directiva del 18 de febrero -sobre la que Reuters informó a principios de este mes- ordenaba a los agentes que revisaran todos los casos de personas previamente puestas en libertad, incluidas las que hubieran cumplido las condiciones de su puesta en libertad, para volver a detenerlas y expulsarlas a un tercer país.
Los abogados de los migrantes argumentaron que la política exponía a un número incalculable de personas al riesgo de deportación a países donde podrían enfrentar peligro sin proporcionarles ninguna notificación u oportunidad de presentar una reclamación basada en el miedo.
Murphy, designado por el predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, señaló que, en virtud de la Convención contra la Tortura, los migrantes tienen protecciones frente la expulsión a países donde enfrentan una probabilidad de tortura.
El Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Con información de: El economista.
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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