Grupo México enfrenta acción judicial en Perú que busca detener el proyecto de cobre Tía María
AP.- Agricultores de un valle de Perú, vecinos de un proyecto cuprífero de más de mil 800 millones de dólares de un importante grupo minero de México, interpusieron el viernes un recurso judicial en la Corte Superior de Lima para detener el inicio de la construcción anunciado por la compañía para 2025.
La acción de amparo presentada en Lima busca que el Poder Judicial declare la “caducidad" del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, "aprobado en 2014 y cuya vigencia expiró en 2019”, dijo a The Associated Press uno de los abogados de los campesinos, David Velazco. Recordó que en Perú los Estudios de Impacto Ambiental tienen una vigencia máxima de cinco años, según la ley.
"No existiendo un estudio de impacto ambiental, no se puede desarrollar el proyecto minero", añadió Velazco, quien recordó que los campesinos del Valle de Tambo ocupan 15 mil hectáreas donde siembran arroz, ajos, papas, cebollas y aguacates, que incluso exportan a países vecinos como Ecuador y Colombia.
El proyecto minero Tía María, de mil 802 millones de dólares, estaba suspendido desde 2019 tras violentas protestas. Pero en febrero de 2025 la compañía indicó en un comunicado que empezarían a construir “este año”. En julio de 2024, la presidenta peruana, Dina Boluarte, también indicó en un discurso ante el Parlamento que el proyecto minero “generará recursos que potenciarán el desarrollo del Valle del Tambo”.
La AP escribió a la filial local del Grupo México, que controla el proyecto minero peruano, en busca de comentarios, pero no los obtuvo al momento. La AP también pidió comentarios al Ministerio de Energía y Minas sin obtener una respuesta.
Las disputas entre agricultores y la minera mexicana tienen más de una década.
Los agricultores se oponen a la construcción de la mina porque consideran que la explotación a cielo abierto contaminará un río desde el que riegan sus cultivos. Pero Grupo México asegura que usarán agua de mar desalinizada y, para el transporte de sus suministros y producción de cobre, se construirá un ferrocarril industrial.
Entre 2011 y 2015, choques de los agricultores con la policía dejaron siete muertos, más de 300 heridos y debilitaron la popularidad del entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016). Miles de policías se enfrentaron por días contra los agricultores que dormían escondidos en sus chacras por temor a que la policía los detuviera.
“El polvo particulado de las voladuras mineras se impregnará en las hojas de las plantas y no les dejará respirar y no van a producir, el impacto no será al momento pero será tremendo con el tiempo”, dijo a la AP César Juárez, un campesino que siembra arroz y quien fue uno de los agricultores que entregó el recurso judicial a la Corte Superior de Lima.
El país, un importante exportador global de minerales, es el tercer productor mundial de cobre.
Con información de Latinus
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
