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Fiscalía de Chiapas detiene a 20 ejidatarios de Tila; hay menores y mujeres, denuncian

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Policías estatales detuvieron a unas 20 personas, incluyendo cinco menores de edad, durante un operativo, denunció el ejido Tila, un grupo de campesinos ejidatarios del mismo municipio que se identifican como “autónomos”. 

La Fiscalía General del Estado dijo que el operativo de la madrugada del viernes en el municipio de Tila fue para ejecutar diversas órdenes de aprehensión y cateos derivados de investigaciones, con el objetivo de combatir a los grupos criminales. 

En un comunicado, el ejido se deslindó de un video difundido el miércoles en el que apareció un grupo armado que se identificó como Frente Comunitario Indígena Semilla Rebelde Tierra y Territorio, que dijo llevar “20 años luchando para defender las 130 hectáreas pacíficamente”. 

“Desmentimos públicamente el fotomontaje que se hace público en las redes sociales de los grupos armados, eso es falso”, aseguró luego de señalar que firmó un pacto de civilidad con otros dos grupos de Tila el pasado 13 de marzo, en la Secretaría de Gobierno y Mediación del gobierno de Chiapas. 

Los ejidatarios señalaron que el 27 de marzo, el delegado del gobierno llegó a la casa ejidal y les prometió que seguiría la paz y el pacto de civilidad para que el pueblo estuviera en tranquilidad, pero “hoy los agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), conocidos como Pakales, ingresaron al ejido en 50 carros junto con las policías municipales y estatales e integrantes del grupo Narcokarma, siendo las 3 horas de este 28 de marzo, deteniendo a 20 personas, ejidatarios que tenemos nuestros derechos como pueblos indígenas”. 

El ejido Tila denuncia que los uniformados “violaron el amparo 259/82 sobre el derecho del ejido Tila y también el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de los pueblos indígenas”. 

Los ejidatarios, ubicados en el municipio del mismo nombre, exigen la “liberación inmediata de las personas detenidas, que son alrededor de 20”, entre ellas cinco menores y “2 mujeres con bebés recién nacidos”. 

Afirmaron que los policías se llevaron 50 mil pesos en efectivo de la iglesia de Dios, con todas las pertenencias que tiene la iglesia, “por lo que exigimos que nos devuelvan todo”. 

Advierten: “Le damos 72 horas a las 3 corporaciones de gobierno para que se retiren del ejido Tila porque las 5 mil 405 hectáreas pertenecen y a los 836 capacitados dictado en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con el artículo 9 de la Reforma Agraria”. 

También demandaron la retirada de los helicópteros que están monitoreando y sobrevolando en tierras ejidales, ya que es una amenaza para el ejido. 

En junio de 2024, los casi 4 mil habitantes de Tila se desplazaron masivamente, luego que los llamados “autónomos” quemaran casas y vehículos. 

Con información de proceso.com.mx

Tips al momento

Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet

La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en  la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.

Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.

Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.

Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.

También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.

Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.

Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.

De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.

Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.

Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.

 

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