Gobierno de EU viola tratado y construye muro sobre río en Tijuana
El Gobierno de Estados Unidos construyó un muro de nueve metros de altura que cruza sobre la canalización del río Tijuana, violando algunos tratados internacionales establecidos sobre los límites territoriales y naturales entre países.
Así lo expresaron a medios algunos altos funcionarios del estado mexicano de Baja California e ingenieros especializados en el tema, quienes advirtieron que el muro que cuenta con compuertas para el flujo del agua podría causar inundaciones catastróficas en el centro de Tijuana y en San Ysidro del lado estadounidense.
A simple vista se observa cómo el muro fue construido como un puente sobre el río para los agentes de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP en inglés), que cuenta con compuertas de acero que se abrirían de manera electrónica cuando incremente el flujo de agua al interior del canal.
Adriana Reséndez Maldonado, comisionada de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), compartió una postura oficial a medios en la que afirma que el muro viola un acuerdo de 1977 entre los dos países, así como otros tratados.
Destacó que "los efectos de este muro serían negativos y podrían incluir inundaciones, daños y pérdidas de vidas en territorio mexicano", razón por la cual la postura se ha mantenido hasta el momento, aunque no precisó acción alguna.
El acuerdo especifica que "las obras de encauzamiento y cualquiera que se realizaran sobre el cauce del río Tijuana son de competencia binacional", por lo que las obras llevadas a cabo en dicho canal tuvieron que ser consultadas previamente por el Gobierno estadounidense con el Gobierno de México.
El río Tijuana, de 195 kilómetros de largo, fluye entre México y Estados Unidos y se ubica entre el estado de Baja California (México) y el sur de California (EE.UU.) y se forma por dos redes de desagüe que se unen en la zona urbana de Tijuana.
Tema complejo que México debe abordar
Víctor Clark Alfaro, antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, compartió a EFE que este es "un tema complejo" que el Gobierno mexicano "debe atender, porque se trata de acuerdos internacionales entre ambos países que Estados Unidos no está respetando y que puede traer repercusiones en Tijuana".
"Estamos hablando de un tema que tiene que ver con implicaciones no solo de manera ambientales y sociales, pretendiendo frenar la migración, sino también política, porque implica la aceptación y confirmación del Gobierno de México", dijo.
Una fuente cercana involucrada con actividades de la CILA en México, quien prefirió guardar el anonimato, dijo a EFE que las autoridades mexicanas tienen conocimiento de ello desde un principio del proyecto y que, aunque la comisionada ha mostrado su oposición desde hace un par de años, no se ha efectuado acción alguna.
"La cuestión aquí es ver qué tanto puede repercutir o no la construcción de este muro, que funge también como puente, en el ecosistema de la región y qué tanto el Gobierno de México ha permitido su desarrollo, pese a los tratados y pese a que desde el mismo Estados Unidos haya organismos y fuentes políticas que se han venido oponiendo a ello", puntualizó.
Con información de Informador.mx
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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