La revictimización de las madres buscadoras
Ciudad de México, 28/03/25 (Más / IA).- En un contexto de creciente violencia e impunidad, colectivos de madres buscadoras, organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos alertan sobre el aumento de la revictimización y criminalización hacia quienes han asumido la búsqueda de sus familiares desaparecidos, una labor que compete al Estado mexicano.
Pese a que enfrentan amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos, se les desacredita desde esferas oficiales y no oficiales, poniendo en riesgo su integridad y obstaculizando su labor humanitaria.
De acuerdo con la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se han registrado al menos 24 asesinatos y cuatro desapariciones de personas buscadoras. Los estados con mayor número de casos son Guanajuato, con ocho; Michoacán y Sonora, con tres cada uno, y Sinaloa, Veracruz y Jalisco, con dos por entidad.
Entre los casos más recientes figura el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, que reavivó los ataques discursivos contra las madres buscadoras.
Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, señaló que, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos modificó el año pasado la protección para mujeres buscadoras, no se ha concretado un mecanismo específico de supervisión. A pesar de los exhortos de diversas organizaciones, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), las autoridades no han implementado un diagnóstico oficial ni medidas efectivas de protección para este grupo en situación de alto riesgo.
En su diagnóstico, el MNDM documenta agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento, allanamiento, criminalización, desaparición forzada y ataques armados contra buscadoras, además de vigilancia ilegal, estigmatización, vulneración de datos personales y agresiones digitales. A esto se suma la deslegitimación pública, como ha ocurrido tras el hallazgo de restos en Teuchitlán.
María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesas Guerreras en Sinaloa y madre de Reyes Yosimar García Cruz, desaparecido en 2017, ha recibido 13 amenazas de muerte. “Las madres buscadoras necesitamos un poco de seguridad, porque estamos en peligro cada que salimos a una búsqueda”, declaró. Lamentó que ahora sean señaladas como criminales o sembradoras de cuerpos, cuando lo único que buscan es a sus hijos.
La criminalización también ha alcanzado el discurso gubernamental. Tras la vigilia realizada en el Zócalo el pasado 15 de marzo, la presidenta de la República sugirió que algunos asistentes actuaban como parte de una campaña en su contra, mencionando incluso a actores políticos de oposición. En días posteriores, un video presuntamente atribuido a un grupo criminal desacreditó a las madres buscadoras en tono amenazante, sin que se confirmara su autenticidad.
Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y la Plataforma por la Paz y la Justicia han señalado que autoridades como la Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía General de la República han utilizado políticamente a los colectivos, restringiendo su participación y revictimizándolos. Esto se evidenció con las declaraciones contradictorias sobre los restos hallados en el Rancho Izaguirre, minimizando la labor de búsqueda realizada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, también ha sido blanco de campañas de desprestigio. El 19 de marzo denunció intentos por desacreditarla mediante la difusión de información sobre uno de sus hijos desaparecidos. “Estamos bajo amenaza”, advirtió.
Andrea Horcasitas, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la seguridad debe considerarse de forma integral, no solo en las búsquedas, sino también en la vida cotidiana. “Tenemos que empezar a pensar la seguridad de las familias que buscan de manera más amplia y más integral”, sostuvo. Además, señaló que la criminalización perpetúa la impunidad, al justificar la inacción del Estado bajo el argumento de que las personas desaparecidas “en algo andaban”.
A pesar de las amenazas, las madres buscadoras insisten en que su labor es resultado de la omisión estatal. “El desprestigio hacia nosotras, las madres buscadoras, es por un trabajo, una chamba, que no nos corresponde hacer. Entonces si ellos no quieren que nosotros andemos metiendo las narices donde no debemos, pues que hagan su chamba, que hagan su trabajo”, remarcó María Isabel Cruz.
Mientras tanto, los colectivos buscan que el diagnóstico de seguridad elaborado por el MNDM se presente en todos los estados del país para que se generen medidas de protección eficaces, en lugar de discursos que deslegitimen y revictimicen su trabajo.
Con información de: Massinformación.
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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