INE prohíbe a gobierno uso de recursos para promover elección judicial
Este domingo 30 de marzo 3,422 personas arrancan la campaña electoral para los diferentes cargos de magistrados del Poder Judicial en México.
El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió desde este sábado al los Gobiernos federal, estatal o municipal y a cualquier institución pública o funcionario público promover la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio.
En la víspera del inicio de las campañas para el “Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”, el INE aprobó este los “criterios que garantizan la equidad e imparcialidad” de esta etapa previa y hasta el día de la elección.
“Ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles de las candidaturas, en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional”, señaló la propuesta del consejero Arturo Castillo.
“En su caso, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades”, añadió el consejero.
Respecto a alguna posible intervención de ministros de culto “tiene que quedar muy claro, como en las elecciones ordinarias que no puede haber una intromisión de ningún ente externo en estas elecciones y que la promoción para la participación en las mismas le corresponde exclusivamente al INE”, dijo la consejera Dania Ravel.
En tanto, la consejera Claudia Zavala precisó que al INE le “falta poner claro, ahora que existe propaganda desde el Poder Ejecutivo, que tienen que ver con la elección, que los Poderes de la Unión “no pueden intervenir (…) porque la difusión que se haga debe ser en términos imparciales, equitativos, independientes“.
“El contenido que hemos visto tiene una parte de información que avala una parte de quienes hicieron esta reforma y de cómo ven la reforma, pero el INE no puede promover eso, el INE lo que hace es promover en términos imparciales el proceso”, expuso Zavala.
En total 3,422 personas arrancan este domingo la campaña electoral para los diferentes cargos de magistrados del Poder Judicial en México, incluidos los de 9 (5 magistradas y 4 magistrados) de los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas a las que aspiran 64 elegibles.
Entre todos los candidatos están las actuales ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes buscarán el voto ciudadano para renovar sus puestos en la SCJN, tras la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Esta reforma ordena la renovación total del Poder Judicial de la Federación (PJF) mediante elecciones populares, incluyendo la Suprema Corte, los tribunales electorales, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito.
Según el INE, las campañas que se extenderán por 60 días para elegir 881 cargos federales y más de 100 millones de ciudadanos están convocados a votar en estos comicios. AristeguiNoticias
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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