Aprueban en comisión que la ASF no sea juez y parte en recursos de revisión en materia de transparencia y acceso a la información
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, aprobó con 25 votos a favor, la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no sea juez y parte en recursos de revisión en materia de transparencia y acceso a la información.
El diputado Javier Herrera Borunda, promovente de la iniciativa, suscrita también por el diputado Carlos Puente Salas, coordinador de la bancada ecologista, explicó que la ASF no es un órgano de la Administración Pública Federal, sino de la Cámara de Diputados y funciona como un órgano auxiliar, con independencia técnica, para asistir a los diputados en la revisión de la Cuenta Pública.
Por tanto, dijo, la ASF no tiene un órgano interno de control propio, por lo que la reforma que se propone a los artículos 103 y 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, busca que los recursos de revisión de solicitudes ciudadanas que tengan en temas de transparencia o de acceso a la información, no los dictamine directamente, en el recurso de revisión, la Auditoría Superior de la Federación.
“Que no sea juez y parte de manera interna, sino que seamos nosotros, la Cámara de Diputados, a través de nuestra Unidad de Evaluación y Control, que depende de la Comisión de Vigilancia, quien le dé la certeza a los ciudadanos de que van a poder tener un órgano garante superior que vele por sus derechos”, puntualizó Herrera Borunda.
En el marco de la reunión extraordinaria se aprobó también una propuesta de modificación que presentó el diputado Herrera al artículo Tercero Transitorio de su propuesta para retirar dicho apartado ya que, “queda totalmente claro que el órgano responsable de atender en primera instancia las solicitudes es la Auditoría Superior de la Federación y seríamos nosotros, en segunda instancia, a través de la Unidad de Evaluación y Control, quienes veremos el recurso de revisión”, señaló el diputado ecologista.
En la propuesta de reforma al artículo 103 se establece que “La Unidad tendrá a cargo la implementación y operación de los mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expedidos, derivados de las solicitudes de información pública que se formulen a la ASF, así como, vinculados a la Protección de Datos Personales, de conformidad con los términos que fije la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias aplicables.
En la modificación al artículo 104 se adiciona un apartado III Bis para establecer que la Unidad tendrá a su cargo conocer y atender las solicitudes de información pública que se formulen a la ASF; resolver lo procedimientos de revisión que se promuevan en dicha materia, así como los procedimientos vinculados a la Protección de Datos Personales, de conformidad con los términos que fije la Constitución y leyes secundarias aplicables.
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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