Impulsan iniciativa que plantea expedir la Ley General de Justicia Cívica
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) presentó una iniciativa que plantea expedir la Ley General de Justicia Cívica, a fin de establecer un marco nacional para solucionar conflictos comunitarios a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como prevenir el delito y mejorar la convivencia social.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, plantea que los delitos que hasta ahora admiten acuerdo reparatorio sean procesados y atendidos mediante los mecanismos de la justicia cívica y, con ello, evitar carga de trabajo y corrupción del Ministerio Público y este pueda concentrarse en asuntos de mayor gravedad.
Señala que la justicia es quizás la herramienta más poderosa para la construcción de escenarios de paz y seguridad en las comunidades.
Sin embargo, advierte que la ausencia de mecanismos de justicia cotidiana puede provocar que conflictos menores escalen a situaciones más graves y eventualmente a conductas delictivas.
La nueva legislación --indica-- busca colaborar a la prevención del delito, la restauración del tejido social y el desahogo de la carga de trabajo de los Ministerios Públicos y Jueces de control, para beneficio de la justicia penal y de la lucha contra la impunidad.
Establece un mecanismo que asegura las garantías del debido proceso, por lo que contiene un proceso simplificado; sin embargo, cuenta con aquellas garantías del proceso penal acusatorio, reducido en formalidades, pero consistente en la resolución de los conflictos.
La Ley General obliga a la supletoriedad del Código Procesal Penal y de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, con el fin de ofrecer seguridad jurídica, agilidad y una solución restaurativa a todos los sujetos del proceso.
Adicionalmente, garantiza la solidez y la imparcialidad de los jueces y juezas cívicos, para lo cual establece mecanismos de designación y control muy ágiles y consistentes para garantizar la carrera en este servicio público.
También obliga a la creación de diferentes programas restaurativos que permitan a las partes lograr el restablecimiento pacífico de la convivencia y la reparación del daño, ya sea a través del trabajo en favor de la comunidad o de la asistencia a actividades con componentes terapéuticos y otros procesos que permitan al infractor modificar su conducta en favor de la convivencia pacífica de la sociedad.
Enfatiza que la justicia cívica es fundamental no solo para solucionar y sancionar faltas administrativas, sino también una gama muy amplia de delitos de menor gravedad que hoy saturan al Ministerio Público e impiden que se concentre en evitar que queden impunes los delitos más graves.
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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