Del gasto federal, 18% fue para pensiones en el primer bimestre del 2025
Del gasto total que realizó el gobierno federal en los primeros dos meses del 2025, 18% se fue al pago de pensiones de los jubilados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con datos de la SHCP, en el primer bimestre del 2025 el gasto en pensiones del gobierno federal fue de 268,601 millones de pesos. Eso significa que casi 1 de cada 5 pesos de todo el gasto federal (que fue de 1.4 billones de pesos) se destinó al pago de pensiones.
Además de que durante el primer bimestre del año el gasto en pensiones creció 4.7% en términos reales respecto al mismo periodo del 2024, mientras que el gasto programable cayó 21.3%, con recortes de 33 y 29% en ramos como salud y educación, respectivamente.
Y es que desde que se presentó la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, el cual estuvo lleno de recortes a varios rubros, se dejó en claro que uno de los rubros sin cambio serían las pensiones.
El gasto del gobierno se contraerá en este 2025 debido a la necesaria consolidación fiscal que busca lograr este año el gobierno federal, la cual consiste en reducir el déficit fiscal de 5.7 a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Si se compara el gasto que se hizo en pensiones al que hizo el gobierno en otros rubros, resulta que la Federación gastó tres veces más en pensiones que en salud y 75% más que en educación.
El único rubro del gasto programable (aquél que el gobierno destina para proveer de bienes y servicios a la población y que puede manipular a discreción) que fue mayor al de las pensiones es el gasto en para protección social, el cual ascendió a 362,303 millones de pesos en el primer bimestre del 2025.
En México, actualmente existen dos sistemas de pensiones contributivas bajo los cuales se pueden jubilar la mayoría de los trabajadores formales, y para los cuales el gobierno tiene que destinar una parte importante de su presupuesto.
Los dos sistemas de pensiones
Por un lado, está el sistema de la Ley del 73, que es un sistema de pensiones solidario en el que en “teoría” los trabajadores en activo deben pagar de manera solidaria las pensiones de los jubilados.
Pedro Vázquez Colmenares, especialistas en pensiones, explicó que “para que un sistema solidario de pensiones funcione, se necesitan muchos trabajadores jóvenes que puedan financiar las pensiones de los jubilados, como de hecho fue el caso de la población mexicana cuando se crearon los sistema solidarios en nuestro país”.
No obstante, conforme la población en nuestro país ha ido envejeciendo en las últimas décadas, no hay suficiente población joven que pueda pagar las pensiones de los jubilados y se ha tenido que echar mano del gasto público para pagar las pensiones de los jubilados, lo cual fue dejando poco a poco en la insostenibilidad financiera a estos sistemas solidarios.
La mayor parte del gasto que hace el gobierno federal en pensiones es precisamente para pagar ese sistema solidario de la Ley del 73.
Ante la evidente insostenibilidad de los sistemas solidarios, el gobierno tuvo que reformar el sistema de pensiones y en 1997 creó un nuevo sistema de cuentas individuales de ahorro para el retiro en las Afores.
En este nuevo sistema que empezó a operar desde el gobierno de Ernesto Zedillo, las pensiones se pagan a partir de lo que cada trabajador haya ahorrado en su cuenta individual a lo largo de su vida laboral; con esto, el gobierno ya no tendría que destinar tantos recursos al pago de las pensiones.
Sin embargo, aun con la reforma de 1997, hubo toda una generación de trabajadores que ya laboraba desde antes y que entraron al sistema pensionario solidario de antes.
A esa generación, llamada generación de transición, se le respetaron las condiciones del sistema pensionario que existía cuando entraron a laborar, es decir, se permitió que se pudieran seguir jubilando bajo el sistema antiguo.
De ahí que conforme esta generación de transición se ha ido jubilando en los últimos años, el gasto en pensiones del gobierno federal sigue incrementando considerablemente. Sólo en la última década, el presupuesto para pensiones ha subido 54% en términos reales.
A todos aquellos que comenzaron a laborar después de la reforma de 1997 se les introdujo al sistema de las Afores, en el que las pensiones son mucho menos generosas que en el sistema antiguo.
Además de estos dos sistemas pensionarios, el de la Ley de 73 y el de las Afores, igualmente existen otros sistemas de pensiones en nuestro país, como el de los trabajadores del Estado o el ISSSTE, los de Pemex y CFE, o bien los que hay en universidades públicas.
Cabe resaltar que la cifra del gasto en pensiones dada a conocer por la SHCP no contempla el gasto que se hace en el programa social Pensión Universal para los Adultos Mayores, la cual se entrega a partir de los 65 años a toda la población y además es el programa social más costoso para el gobierno federal.
Para que un sistema solidario de pensiones funcione, se necesitan muchos trabajadores jóvenes que puedan financiar las pensiones de los jubilados”. Pedro Vázquez Colmenares, especialista en pensiones.
Con información de El Economista.
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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