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Juzgadores apoyados por el gobierno la ‘llevan de gane’ en elección judicial: Integralia

A las prisas, en el desorden, sin equidad y sin recursos suficientes, la elección judicial se encamina a un Poder que no será más contrapeso del Ejecutivo y Legislativo y quedará sujeto al poder político, concluye un estudio de Integralia.

La consultora, dirigida por el expresidente del IFE Luis Carlos Ugalde, resalta que, por su “apresurada ejecución”, esta elección –para designar a 881 cargos y en la que participarán 3 mil 422 aspirantes– estará marcada por los “recursos insuficientes” y no tendrá los “estándares de cobertura y calidad”, por lo que habrá un “voto disparejo” y “los ganadores serán mayormente quienes sean apoyados por el gobierno y la coalición oficial”.

Advierte también que “la mayoría de las nuevas personas juzgadoras tendrán una disposición natural para actuar con criterios de lealtad política cuando sea requerido y mermar así su autonomía judicial. Con el paso del tiempo, el Poder Judicial federal perderá su papel como contrapeso de los ejecutivos y legislativos” en el país.

Resalta que en esta elección “compleja y confusa”, se observa que, en el arranque de las campañas, candidatos, servidores públicos y partidos incumplen e incumplirán las reglas para el proceso.

¿Qué no pueden hacer los aspirantes al Poder Judicial?

Señala que los candidatos no deberán contratar espacios en radio y televisión, internet, pautado en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación; difundir propaganda con calumnias o acusaciones falsas; ofrecer o dar regalos, dinero o beneficios; imprimir propaganda en materiales distintos al papel; pagar para hacer o difundir encuestas; hacer campaña en el extranjero; usar propaganda que los relacione con un partido político; contratar espectaculares, bardas o autobuses para promocionarse, ni prorratear gastos entre varias candidaturas.

Los servidores públicos no deberán pagar publicidad en medios, redes o espacios físicos para promocionar candidaturas; usar programas sociales para coaccionar el voto; participar activamente en actos de campaña, a menos que sean personas candidatas; ni organizar foros con programas sociales para influir en el voto.

¿De cuánto es el gasto de campaña en la elección judicial?

Si en 2024 un candidato a diputado podía gastar 2 millones 200 mil pesos para su campaña, un aspirante a ministro de la Suprema Corte o a magistrado nacional podrá gastar hoy un millón 468 mil pesos; 881 mil pesos los magistrados regionales; 413 pesos los magistrados de los tribunales colegiados; y 220 mil los aspirantes a jueces.

Con información de El Financiero

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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet

La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en  la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.

Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.

Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.

Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.

También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.

Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.

Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.

De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.

Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.

Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.

 

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