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Policía fue al ISSSTE de Puebla por lesión en la rodilla y contrajo una bacteria, luego murió tras horas sin atención en una silla

María cuenta conteniendo las lágrimas que su marido, un policía poblano de 41 años, fue víctima de una cadena de negligencias médicas que se prolongó por más de un año, producto de una ‘bacteria de quirófano’, y que concluyó la tarde del pasado 4 de marzo, cuando falleció luego de pasar horas sentado en una silla, semiinconsciente, agonizando, y sin que nadie del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP) lo atendiera hasta que ya fue demasiado tarde.

“Fue una negligencia total. Mataron a mi esposo y destruyeron a una familia dejando huérfanos a dos niños de tres años y a una esposa desamparada”, denuncia María, que pide que su nombre real y el de su esposo queden bajo resguardo para no entorpecer el proceso legal del caso. 

Acompañada en la terraza de un hotel de la capital poblana por dos abogados del despacho Define Justicia Médica, que asesoran su caso, María toma una bocanada de aire para comenzar a narrar que todo empezó hace un año, cuando su marido Pedro sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. 

Tras ir a consulta, en la que le dijeron que debía someterse a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión, el ortopedista del ISSSTEP, José Alejandro R., operó el 12 de febrero del año pasado a Pedro, a quien le colocó unos tornillos en la articulación y lo mandó días después de vuelta a casa, sin que ese doctor, ni ningún otro, le comentara a María que su esposo padeciera de alguna otra condición médica relevante, como la diabetes. Un dato, apunta la mujer, que más adelante cobrará importancia en el relato.

 

A los pocos días de estar dado de alta y en casa, el policía estatal comenzó a sufrir mucho dolor en la rodilla y a tener fiebre. La herida no cerraba bien y comenzó a supurar líquido. Pedro iba a las consultas de revisión con el ortopedista del ISSSTEP, quien, ante la complicación de la rodilla, según cuenta María, ahí mismo en su consultorio le extraía el líquido con una jeringa, “sin medidas sanitarias adicionales, ni aviso previo”. 

En otra ocasión, la mujer narra que Pedro ya no aguantaba más el dolor en la rodilla, que estaba inflamada, y acudió a urgencias del hospital público. Pero ahí le dijeron que no podían atenderlo y que regresara a su cita programada. 

“Mi esposo estuvo soportando días el dolor”, lamenta María, hasta que finalmente acudió a su cita y el doctor le dijo que tendría que operarlo de nuevo, porque quizá los tornillos “no eran compatibles con su cuerpo” o porque quizá “debían recortarlos” para que no rozaran el ligamento. 

El 28 de octubre del año pasado, Pedro pasó de nuevo por el quirófano del doctor José Alejandro. Pero, a la salida del hospital, lo mismo: a los pocos días, el policía poblano volvía a tener la rodilla inflamada, con líquido, y con mucho dolor.

“Entonces, la solución que le dieron en el hospital fue que en casa él se apretara la herida para que saliera el líquido, y que se pusiera una pomada para cicatrización profunda que no tenían en el hospital y que tuvimos que comprar por fuera”, expone María. 

Pero el dolor continuaba. Tanto, que un día de diciembre pasado Pedro comenzó a gritar espantado por una hemorragia en la rodilla. De inmediato, él y su esposa fueron a urgencias del hospital del ISSSTEP. Ahí, cuenta María, fue cuando su marido conoció en el área de espera de consulta a otro grupo de pacientes

Tras platicar sus respectivos casos, los afectados ataron cabos, pues todos tenían historias muy similares: todos tenían dolencias en articulaciones, principalmente en rodillas y codos, todos habían sido operados en el mismo hospital y por el mismo doctor, y todos tenían el problema de que tras las operaciones las heridas llevaban meses sin cerrar bien, generándoles mucho dolor y hemorragias. Algunos de estos pacientes, incluso, temían que pudieran llegar a perder las extremidades lesionadas.

Tras meses de mucho dolor, inflamaciones y hemorragias, ocho afectados se organizaron y fueron a quejarse ante la dirección del hospital público, y llamaron a los medios de comunicación para exponer sus historias. Eso fue el 20 de diciembre de 2024. 

“El ISSSTEP ofreció revisar los casos y resulta que salieron positivos a una bacteria de quirófano por el material quirúrgico que utilizaron en las operaciones, la cual ya llevaba alojada en ellos tiempo atrás y no había sido detectada, o al menos no les mencionaron nunca que la tuvieran”, explica María. 

Animal Político buscó al ISSSTEP para pedirle una postura sobre este tema. Por medio de un escrito, la dependencia señaló que, en efecto, el especialista en Traumatología y Ortopedia del hospital solicitó el pasado 24 de septiembre del año pasado por medio de un reporte que se revisara “el proceso de esterilización de los equipos quirúrgicos utilizados” por “eventos adversos” en las cirugías de artroscopía realizadas a varios pacientes entre agosto de 2023 y marzo de 2024. 

Asimismo, el ISSSTEP señaló en el escrito que se inició una investigación “del proceso de esterilización”, aunque no especificó en el texto cuál o cuáles fueron los resultados de esa investigación, ni las medidas que se tomaron.

A partir de las quejas de los pacientes, entre los que se encontraba Pedro, la Dirección del hospital señaló en el escrito enviado a este medio que giró órdenes para asignar a un médico ortopedista a cada uno de los ocho afectados, y a todos se les realizó una nueva cirugía.

Tras esa operación, a Pedro lo volvieron a internar por 13 días en los que le suministraron antibióticos para la bacteria, y comenzó a mejorar de la herida en la rodilla. Pero el tratamiento no estaba completo. La esposa del policía cuenta que “una infectóloga externa al ISSSTEP, y contratada de forma subrogada por ese hospital público” le recetó un tratamiento posterior a base de Levofloxacino por un periodo que, asegura, se fue extendiendo hasta por más de 40 días; tratamiento con el que, según María, no estuvo de acuerdo el doctor del hospital encargado de atender a Pedro. 

“El doctor Moreno nos hizo mención de que él no compartía que el suministro fuera por un tiempo tan largo, porque consideraba que podía dañar órganos internos, como riñones o el hígado, y que no se hacía responsable”, señala María. 

Por su parte, el ISSSTEP confirmó en el escrito a este medio que se contrató “de forma subrogada la atención médica de una especialista en infectología clínica, quien proporcionó su opinión médica e indicó tratamiento antibiótico”, aunque no hizo mención sobre la duración del tratamiento. 

Pedro, ante la desesperación por casi un año de no recuperarse, comenzó a tomar el antibiótico. Pronto empezó a experimentar fuertes dolores de estómago, al punto de ya no querer comer, y a tener vómitos. Pero la herida de la rodilla mejoraba rápidamente y el policía decidió continuar con el medicamento.

Pero el pasado 3 de marzo de este año, el hombre de 41 años salió de su casa para asistir a su consulta periódica de revisión, y ya no regresó a su casa. 

“Mi esposo pedía ayuda y nadie en Urgencias lo atendía”

Apretando los puños por la rabia, María cuenta que en este punto comenzó la segunda parte de la pesadilla médica. Su esposo se despidió de ella ese día con normalidad para dirigirse al hospital del ISSSTEP, en el fraccionamiento Rincón Dorado, en Puebla. Tenía la cita programada para las 16:30 horas.

En la tarde, Pedro se comunicó con María para comentarle que ya había pasado a la consulta y que se dirigía de vuelta a casa. Pero a lo largo de cuatro horas agónicas, el policía dejó de comunicarse y de responder a los mensajes de su esposa, hasta que a las 21:59 de la noche –María dice que recuerda muy bien el detalle–, Pedro la llamó y le dijo que se encontraba desorientado en su coche, muy cerca del área de Urgencias del Hospital, sobre la avenida Emiliano Zapata.

“Le dije que se fuera de regreso a Urgencias, pero a los minutos me volvió a marcar diciéndome que los vigilantes no le dieron acceso porque, según, no había espacio en el estacionamiento, y porque lo vieron en estado inconveniente, creyendo que iba alcoholizado”, plantea María, que cuenta que, poco después, su esposo le volvió a marcar diciéndole que ya no podía manejar y que “estaba vomitando negro”.

Con trabajo, Pedro le atinó para compartir su ubicación con su esposa, que se trasladó al lugar con su hermano, para auxiliarlo. Cuando llegó, se encontró con la puerta del conductor abierta y con Pedro desmayado encima del volante. 

A las 11 de la noche, María accedió con su esposo a Urgencias. En el área de espera, primero sentaron a Pedro en una silla de ruedas, para luego quitársela y dejarlo en una silla, a pesar de su estado crítico. La mujer dice que pasó más de una hora sentado ahí, hasta que alguien se acercó a tomarle los signos vitales.

 

“Esto, a pesar de que en su expediente luego me di cuenta de que estaba la indicación de que podía acudir a Urgencias en el momento que se requiriera por una diabetes diagnosticada anteriormente, de la cual yo desconocía, pues sus médicos nunca me hicieron mención de ello, ni en sus muchas hospitalizaciones, ni en las consultas de rutina”, cuenta María. 

Pasó otra hora, y Pedro perdía el conocimiento por momentos sobre la silla. Así, hasta que finalmente pasaron al consultorio número 1, donde, según el testimonio de María, la doctora en el turno de Urgencias dijo que no lo podía atender ante la gravedad del asunto y dio aviso a la Subdirección del hospital. Entonces, tras esperar más tiempo, bajó un miembro de esa área, que detectó que Pedro tenía los niveles de azúcar muy altos en la sangre y le suministró insulina. 

“Para ese entonces, mi marido ya solo balbuceaba ‘ayuda, por favor, ayuda’”, cuenta María aguantando las lágrimas, a la par que recuerda que en ese momento comenzó a gritar desesperada para que ayudaran a su esposo.

“Pero mientras yo pedía ayuda, los médicos lo amarraron en la camilla porque decían que estaba muy inquieto, y comenzaron a acusarme sin ningún fundamento de haberle suministrado alguna sustancia que lo llevó a ponerse grave”. 

Mientras tenía lugar la discusión, Pedro comenzó a convulsionar.

Poco después, entró en paro cardíaco. 

Una cadena de negligencias médicas en ISSSTE de Puebla

A la mañana siguiente, a las 13.10 de la tarde del 4 de marzo, Pedro finalmente no resistió más, y aunque en la noche previa había aguantado el paro cardiaco, falleció. 

María asegura que, tras la muerte, el forense del hospital le dijo de viva voz a ella y a familiares de Pedro que éste presentaba daños en el hígado, riñones y el corazón, aunque aún no cuentan con el informe forense como tal, donde podrán consultar a detalle las causas del fallecimiento. No obstante, a falta de ese informe, María apunta que su esposo no presentaba dolencias en esos órganos, por lo que sospecha que esos daños pudieron haber sido ocasionados por el medicamento recetado por la infectóloga para combatir a la bacteria que contrajo en el quirófano del ISSSTEP, y que se tomó por mucho más de 15 días. 

Sobre esto, el ISSSTEP solo refirió en su escrito que Pedro falleció a causa de “una acidosis orgánica con perfil toxicológico positivo”. Es decir, que murió por una sustancia tóxica, aunque el instituto de salud no especificó sí se debió al consumo de alguna droga (ni cuál), medicamento, o producto de alguna afección como pancreatitis, que de acuerdo con especialistas médicos consultados también puede generar una intoxicación en la sangre que lleve a la muerte. 

María, por su parte, rechaza que su esposo consumiera drogas. “El punto central es que mi esposo murió por una cadena de negligencias médicas, que empezó con una bacteria, siguió con un medicamento que le hizo mucho daño, y terminó ese último día estando horas sin ser atendido en Urgencias hasta que falleció”, dice.

Por todo lo anterior, la mujer tomó la decisión de interponer una denuncia ante el Ministerio Público por el homicidio culposo de su marido. 

Suman al menos 17 casos de pacientes que adquirieron bacteria en ISSSTE Puebla

Carlos Espinosa Reyna es abogado del despacho Define Justicia Médica, que colabora con diversas asociaciones civiles para apoyar a víctimas por temas de negligencia médica y Responsabilidad Patrimonial del Estado, mismo que está asesorando a María en la denuncia por homicidio culposo. 

En entrevista, Espinosa recalca que, una vez analizado el caso y a reserva de que el estudio dé mayores elementos, parece un caso de “daños por malpraxis médica; así como de múltiples negligencias administrativas y médicas por mal manejo del instrumental quirúrgico que, al parecer, no estaba bien esterilizado y que desencadenó en infecciones en las cirugías de varios pacientes”.

Hasta el momento, el abogado señala que tienen conocimiento de, al menos, 17 casos en total que fueron atendidos por el mismo doctor ortopedista del ISSSTEP –“todos llegaron con dolencias en articulaciones, principalmente, en rodillas, codos y tobillos”– y que resultaron contagiados por diferentes tipos de bacterias, provocándoles diversas complicaciones. Aunque, hasta ahora, el caso más grave ha sido el de Pedro, ya fallecido, que además presenta la particularidad de otra posible negligencia al recibir un tratamiento muy agresivo por más días de los establecidos en la normativa médica. 

“Está indicado que sean 15 días para que el tratamiento sea efectivo. Luego, se suspende, se deja descansar el organismo, y luego se puede retomar. Pero en este caso (de Pedro), nos comentan que se lo llegó a tomar por más de 40 días, pudiendo haber llegado, incluso, hasta los 90”, plantea el abogado, que denuncia que “las autoridades no han prestado la atención suficiente a este caso”. 

“No es un tema ni una tragedia menor. Ya hubo una defunción por estas negligencias, y hay pacientes en riesgo de perder una extremidad”, recordó Espinosa, especialista en derecho de daños, responsabilidad civil, derecho sanitario y Director de Define Justicia Médica.

 

 

 

 

 

Con información de: Animal político.

Tips al momento

Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet

La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en  la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.

Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.

Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.

Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.

También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.

Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.

Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.

De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.

Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.

Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.

 

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