EU deporta a El Salvador a otros 17 presuntos miembros de pandillas pese a orden judicial
La Administración de Donald Trump anunció este lunes que deportó a otras 17 personas, acusadas de pertenecer a los grupos delictivos Tren de Aragua y MS-13, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Las nuevas expulsiones se registran una semana después de que un juez denegara la solicitud del Gobierno estadunidense de dejar sin efecto una prohibición temporal a las deportaciones en virtud de la normativa de tiempos de guerra.
En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que 17 presuntos miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha-13 fueron deportados en la noche del domingo a El Salvador.
La expulsión se produce en el marco de un acuerdo entre Washington y la nación centroamericana para trasladar allí a los inmigrantes que según la Administración de Donald Trump pertenecen a grupos delictivos.
Se trata de una acción similar a la ejecutada el pasado 15 de marzo cuando expulsó a más de 200 ciudadanos venezolanos a una prisión de máxima seguridad salvadoreña, bajo la denominada Ley de Enemigos Extranjeros poco utilizada en el país y que Donald Trump reactivó para acelerar las deportaciones.
Sin embargo, el Gobierno venezolano y familiares de algunos de los deportados aseguran que no pertenecen a ninguna pandilla y que han sido etiquetados de esa manera por razones como llevar tatuajes.
Ante este panorama, la semana pasada un grupo de abogados contratado por el Gobierno de Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de El Salvador con el que solicita la excarcelación y repatriación de decenas de venezolanos.
En las últimas horas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que las personas recientemente deportadas hacia su país son “asesinos” y “delincuentes de alto perfil”.
"Anoche, en un operativo militar conjunto con nuestros aliados de Estados Unidos, trasladamos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y la MS-13 (...) Esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", sostuvo el mandatario latinoamericano en un mensaje difundido en sus redes sociales.
Trump desafía orden judicial en su pulso contra la inmigración
Washington continúa con las deportaciones bajo la ley de tiempos de guerra, poco utilizada y que invocó a principios de marzo, pese a los dictámenes judiciales en su propio país.
Y es que el pasado 24 de marzo, el juez federal James Boasberg denegó la solicitud del Gobierno estadounidense de dejar sin efecto una prohibición temporal a las deportaciones en virtud de esa normativa.
Bajo su tradicional estilo, el mandatario cuestionó la imparcialidad del juez federal que bloqueó sus planes de deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador.
En su decisión, el magistrado explicó que a los acusados se les debe dar la oportunidad de impugnar la afirmación de que son pandilleros.
Asimismo, Boasberg citó relatos de malas condiciones carcelarias, incluyendo palizas, humillaciones, acceso irregular a alimentos y agua, y tener que dormir de pie debido al hacinamiento.
Además, las deportaciones del pasado 15 de marzo tuvieron lugar pese a la orden judicial federal emitida ese mismo día contra dicha ley. Tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a más de 200 venezolanos -a los que las autoridades acusan de ser miembros del Tren de Aragua- a las autoridades salvadoreñas, que los encarcelaron en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Por tanto, el magistrado intenta determinar si el Gobierno estadounidense desafió su orden de devolver a los migrantes mientras estaban en el aire. Y la nueva decisión de EE. UU. de deportar a otras 17 personas en la noche del domingo 30 de marzo a El Salvador puede suponer un desafío adicional a la orden dictada por el juez.
La ley de Enemigos Extranjeros permite deportar a extranjeros sin vista previa y que el Gobierno de Donald Trump ha invocado argumentando que el Tren de Aragua está invadiendo territorio estadounidense.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) impugna su uso para deportar rápidamente a los presuntos pandilleros, argumentando que la ley niega a los migrantes el debido proceso prometido por la Constitución de EE. UU. para impugnar los fundamentos de su deportación.
En medio de los bloqueos desde la rama judicial, la semana pasada el Gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema que le permita usar la ley de 1798 para deportar rápidamente a los presuntos pandilleros venezolanos.
Pero aun sin una respuesta, Washington continúa comunicando que la utiliza.
Con Reuters, AP y EFE
Autor: France 24
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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