Habitantes indígenas presentan dos amparos contra carretera que conduce a Palenque, municipio donde está el rancho de AMLO
EFE.- Habitantes indígenas de 13 municipios del estado de Chiapas se oponen al proyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, un proyecto federal que tiene inicio en el municipio donde actualmente vive el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Palenque, hasta San Cristóbal de Las Casas.
Los pueblos y comunidades indígenas tzeltales, tzotziles y pueblo mestizo alzaron la voz para rechazar el proyecto y anunciaron que este lunes interpusieron dos amparos.
“Se presentaron dos amparos. ¿En qué sentido? Un primer amparo reclamando la inconstitucionalidad de esos lineamientos y otro por no respetar el derecho a una consulta libre, previa e informada”, dijo a medios Fernanda Santos, académica de la universidad Ibero Puebla y abogada especialista en género y derechos humanos.
El anuncio de las comunidades tzotziles, choles y tzeltales ocurrió unas horas después de que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que en una consulta que se llevó a cabo el pasado 23 de marzo, en la que participaron 39 mil personas, se decidió que la obra, de la que no se ha anunciado la inversión, se ponga en marcha.
Además, señalaron que esta consulta estuvo viciada por "irregularidades y falta de transparencia" pues no se garantizó una participación libre, previa e informada, violando así los derechos de los pueblos originarios establecidos en el artículo 2 de la Constitución mexicana.
Tras dejar la presidencia de México, el 30 de septiembre, López Obrador se fue a vivir a una finca ubicada en Palenque, Chiapas, un plan de vida que repitió decenas de veces durante su mandato.
Pascula Vázquez Aguilar, vocera del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), declaró que “desde sus orígenes, dicha autopista ha sido un proyecto discriminatorio, racista y excluyente" de quienes trabajan la tierra y habitan el territorio.
Los habitantes de las comunidades donde pasará el trazo señalaron que el gobierno del estado de Chiapas y el gobierno federal, que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum,han llevado a cabo estudios de suelo "sin consentimiento y sin proporcionar información sobre los fines de estos análisis".
Además, denunciaron que algunas comunidades han recibido amenazas de parte de ingenieros y delegados de gobiernos encargados de los estudios, quienes advierten que, de no permitir su trabajo, regresarán acompañados del grupo de la policía estatal, generado temor en la población.
La falta de información oficial ha sido una constante, ya que incluso la convocatoria para la consulta se realizó a última hora, a través de redes sociales, sin utilizar los mecanismos de comunicación aprobados por las comunidades.
Entre las demandas de los afectados destacan: respeto a sus derechos como pueblos originarios, detención del despojo de sus tierras y recursos, y transparencia en la información sobre el impacto ambiental y cultural del proyecto.
Así también piden la publicación del presupuesto y la procedencia de los fondos de la autopista, resultados detallados de la consulta por comunidad y municipio.
Los pueblos afectados reiteran que no están en contra del desarrollo, pero advierten que este no puede llevarse a cabo a costa de su territorio y su modo de vida, sino a través del respeto y el diálogo justo.
Con información de: LatinUs.
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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