De TikTok a cursos de 45 mil pesos: el negocio detrás de las campañas judiciales
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante la próxima elección judicial que se realizará en todo el país han surgido por lo menos tres instituciones que ofrecen cursos para que los candidatos hagan campañas políticas; dos de ellas están integradas por excolaboradores del ministro en retiro, Arturo Zaldívar.
La reforma judicial prohíbe a los candidatos hacer campaña de manera “tradicional”, por lo que tampoco prevé la asignación de gastos de campaña, como ocurre con las elecciones para otros cargos.
“Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral. Podrán, además, participar en foros de debate organizados por el propio instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad”, señala el artículo 96 constitucional.
“Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos”.
En tanto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que durante las campañas, que se iniciaron el 30 de marzo, los candidatos podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia.
“Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”, indica el artículo 506 de la Ley.
En cambio, el artículo 509 establece que los candidatos podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no paguen para potenciar o amplificar sus contenidos.
Promoción en medios
Ante ello, surgieron organizaciones como el Centro de Capacitación del Nuevo Poder Judicial conformado por investigadores, juzgadores, políticos y estudiantes que, según su página de internet, buscan “capacitar a los aspirantes interesados en formar parte del nuevo Poder Judicial, a través de la promoción y difusión de conocimientos de alto impacto”.
El proyecto está encabezado por Xiuh Tenorio, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuya carrera política la inició bailando en el video promocional del Partido Nueva Alianza (Panal), ligado a Elba Esther Gordillo, para la elección del año 2006; posteriormente se adhirió a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en 2015 lo presentó como candidato a jefe delegacional de Benito Juárez y al no obtener el triunfo terminó como suplente del senador Mario Martín Delgado por el PRD.
Entre sus docentes tiene al exdirector de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), César Castillejos, quien ocupó dicho cargo durante la presidencia de Zaldívar, quien actualmente es coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.
Javier Bautista, exdirector general en la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México durante la administración de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, actual mandataria federal.
La comunicación del Centro de Capacitación está a cargo de Aurora Vega, exdirectora de información de la Corte durante la presidencia de Zaldívar.
El centro ofrece cursos como el de “Ejecución de campañas exitosas para personas juzgadoras” y “Entender la elección del Nuevo Poder Judicial y las Reglas para participar como candidato a Persona Juzgadora”, creados por Benjamín Hill y Marcos Perafán, quienes además son docentes.
Ambos son en línea con una duración de seis horas divididas en cuatro sesiones por día y con un costo de 5 mil pesos más IVA.
Otro sobre “Branding personal e imagen pública”, creado por Amanda Pérez y Hebe Santinelli, también en línea, pero con un costo de 10 mil 500 pesos más IVA.
El tiktoker de Zaldívar
El Colegio Comprender también hizo lo propio y creó el curso “Manejo de redes sociales para campañas”, en el que ofrece a los aspirantes recibir capacitación con Cristian Magazo, influencer que se encargó de hacer crecer la cuenta de TikTok del ministro en retiro Arturo Zaldívar en el año 2022.
Magazo, cuyo nombre real es Cristian Edgar Guerrero Flores, fue contratado por Zaldívar el 1 de agosto de 2022, lo que implicó un costo para la Corte de 93 mil 522 pesos mensuales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios.
Durante los últimos cinco meses de la presidencia de Zaldívar en la Corte, el influencer estuvo contratado bajo esta modalidad, por lo que habría recibido 467 mil 610 pesos.
Al término de su presidencia en la Corte, Zaldívar decidió darle una plaza en su ponencia en la Primera Sala como asistente de gestión y seguimiento, puesto en el que ganaba 36 mil 117.8 pesos mensuales libres de impuestos, apenas el 38% de lo que ganó cuando el ministro en retiro encabezaba en el Poder Judicial.
Esto, pese a que no contaba con título profesional ni experiencia para ocupar dicho cargo.
Después de darse a conocer la contratación de Magazo en la Corte, el influencer renunció al considerar que él y la institución “tomaron rumbos diferentes”, según dio a conocer en una transmisión en vivo en TikTok en la que inicialmente dijo que se trató de un despido y minutos después corrigió para afirmar que fue una decisión tomada por él mismo.
Desde entonces fue contratado por el Colegio Comprender, institución para la que hace los videos promocionales para redes sociales.
Por ello, en su curso el colegio incluye a los candidatos una sesión de iniciación con Magazo; la grabación de un video para TikTok en colaboración con el influencer; la creación de un branding básico personalizado por candidato y cinco horas de asesoría individual por llamada, videollamada o presencial para elaborar videos.
El paquete ofrecido por el colegio tiene un costo de 18 mil pesos que deberán ser pagados en una sola exhibición y tiene una duración de 75 días a partir del 16 de marzo.
Aunque la oferta es capacitar a los candidatos, el programa del curso del Colegio Comprender incluye actividades propias de una agencia publicitaria, como la entrega de un informe semanal sobre las tendencias de TikTok e Instagram, propuestas de contenido con sugerencias específicas para la creación de videos y la administración de contenido en ambas redes sociales para asegurar “una estrategia optimizada para potenciar su alcance y engagement”.
“La persona candidata tendrá derecho a cinco fotografías profesionales con dos cambios de vestuario. Para la sesión deberá asistir a las instalaciones designadas”, señala el promocional del curso al que Proceso tuvo acceso.
“Cada persona candidata tendrá derecho a la edición de ocho videos, uno por semana, ajustados a su estilo y necesidades”.
La oferta más cara
Finalmente, el Instituto Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica lanzó la plataforma quisierasertujuez.com en el que incluye un manual de campaña para candidatos a juzgadores, que es descargable y gratuito.
Sin embargo, también ofrece talleres y asesorías online con costo como el denominado “Quisiera ser tu juez”, de 7 mil 500 pesos con una duración de cinco horas, para desarrollar una campaña electoral con módulos sobre redes sociales, identidad gráfica, discurso y uso de inteligencia artificial.
Así como el “Taller de Planeación Estratégica” para diseñar una estrategia de campaña con herramientas digitales y plantillas y en el que pueden participar hasta cinco personas del mismo equipo con una duración de cuatro horas por un costo de 45 mil pesos.
También ofrece una “Consultoría de entrenamiento de medios” para que el interesado mejore su desempeño ante medios y públicos, aprenda técnicas de discurso, entrevistas y manejo de situaciones en directo con simulaciones prácticas y retroalimentación en tiempo real durante dos horas por un costo de 17 mil 400 pesos.
Así como una “Consultoría de narrativa oratoria y discurso” para que los candidatos desarrollen sus discursos y creen una narrativa convincente para la campaña con prácticas de oratoria y storytelling con una duración de cuatro horas por 45 mil pesos.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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