La Comisión de Puntos Constitucionales da su visto bueno al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), emitió opinión en sentido positivo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, y aprobó su primer informe semestral de actividades.
El legislador precisó que el plazo vence el 4 de abril y la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva pondrán en el orden del día el debate que será interesante sobre esta opinión del PND 2025-2030.
Por disposición del artículo 21 de la Ley de Planeación, la Cámara de Diputados debe aprobar el PND dentro de los dos meses contados a partir de su recepción, y en caso de que no se pronuncie en dicho plazo el Plan se entenderá aprobado en los términos presentados por la presidenta de la República.
La opinión se presenta con fundamento en la fracción VII del artículo 74 de la Constitución Política, 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al proceso de discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030,
El documento, avalado por 21 votos a favor y 7 en contra, explica que el PND que se presenta a la Comisión se encuentra alineado al constitucionalismo humanista mexicano y sus objetivos, estrategias y prioridades buscan atender áreas significativas como educación, salud, empleo, seguridad y sostenibilidad.
Señala que se observa una amplia proyección, con alcances importantes, necesarios y adecuados al tiempo de transformación que vive el país; además, refleja democráticamente los deseos del pueblo y su Constitución como símbolo de identidad, cohesión y consignataria de sus derechos.
“Esta nueva forma de comprender a la Constitución como norma fundante y parámetro para el bienestar de la persona y del pueblo, quien la sostiene y a quien se dirige siendo su propia expresión, es la característica esencial de lo que se propone en este documento estudiado”, enfatiza.
De MC, la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre adelantó que votaría en contra de la opinión, porque es un documento político e ideológico y contiene un enfoque unilateral, cuando esta es una Comisión plural. Señaló que esa visión se sostiene en reformas “severamente cuestionadas” y no ayuda a una mayor democracia, a un mejor Estado de derecho ni a garantizar el acceso a la justicia.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) manifestó su voto en contra, porque la decisión es dejar pasar las opiniones sin presentar contrapropuestas que beneficien al país, y no hace ninguna observación respecto a que el gobierno no ha presentado de manera oficial su estrategia nacional de seguridad pública, tampoco en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el de investigación e inteligencia, o sobre infraestructura carretera.
Del PT, la diputada Irma Yordana Garay Loredo indicó que el PND no es solo un conjunto de políticas plasmadas, pues va más allá: agrupa visiones, necesidades y sentimientos de cada mujer y hombre del país, cimentando la disminución de pobreza y donde la igualdad de género se plasma como eje rector de las políticas públicas. “Al poner al centro el bienestar del pueblo, se fortalece la unidad, la coordinación y la participación”.
Ricardo Astudillo Suárez, diputado del PVEM, respaldó la opinión emitida por la Comisión respecto al PND el cual, aseguró, representa un verdadero compromiso con la construcción de un México más justo, igualitario y próspero, sustentado en la participación ciudadana y el marco constitucional vigente, que es base para fortalecer la democracia, garantizar la justicia, promover el bienestar social y un verdadero desarrollo sustentable.
La diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, indicó que el documento está cargado de términos ideológicos que no reflejan una visión institucional ni plural. Además, consideró que sería un contrasentido votar a favor cuando “no hemos avalado la mayoría de las reformas constitucionales que han atentado contra el fortalecimiento de la democracia, la división de poderes y la transparencia”.
A su vez, la diputada María del Rosario Orozco Caballero (Morena) sostuvo que la opinión refleja los cambios que se han hecho a través de las reformas a la Carta Magna. Indicó que el PND es un proyecto responsable, comprometido y diseñado para atender las necesidades de las y los mexicanos, considerando a las personas con mayor grado de vulnerabilidad.
Una vez aprobada, la opinión se remitió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.
Primer informe de actividades
Previamente, se aceptó por unanimidad el primer informe semestral de actividades de la Comisión de Puntos Constitucionales
En asuntos generales, la diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) manifestó que su voto fue a favor del informe de la Comisión porque es un recuento de sus trabajos, “pero también revela una tendencia a solo dictaminar las iniciativas o minutas presidenciales”, lo cual genera un rezago porque de 114 asuntos solo se han dictaminado cuatro, por lo que solicitó integrar grupos de trabajo para analizarlas.
Al respecto, el diputado Godoy Rangel señaló que se presentará una propuesta para dar curso a más de 100 iniciativas de todos los grupos parlamentarios. “Ha sido ciclónico e intenso el trabajo de la Comisión por tantas iniciativas y minutas de la presidenta; esperamos que en próximos días no tengamos que dictaminar iniciativas o minutas y presentaremos una propuesta al respecto.
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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