La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que preside el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez (Morena), aprobó por unanimidad de 18 votos el dictamen a la iniciativa que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de vivienda adecuada, presentada por la diputada María del Rosario Orozco Caballero (Morena).
Con base en el documento, se modifican las fracciones I y II del artículo 4, la IV del artículo 8; la III del artículo 10, XXIII del artículo 11, el párrafo segundo del artículo 41, los artículos 51 y 65; las fracciones I y II del artículo 77, y la fracción III del artículo 80.
El diputado Castillo Pérez explicó que la iniciativa que se dictamina busca alinear la legislación secundaria con el nuevo marco constitucional, incorporando el término “vivienda adecuada” en diversos artículos de la ley, con lo que se da respuesta a la necesidad de hacer más clara y medible la garantía de este derecho.
También asegura que la vivienda no solo sea digna y decorosa, sino cumpla estándares específicos, como seguridad en la tenencia, acceso a servicios básicos, asequibilidad, habitabilidad y ubicación adecuada, conforme a criterios nacionales e internacionales.
Destacó que el dictamen se emite en sentido positivo al reconocer que la reforma constitucional publicada el 2 de diciembre de 2024 establece el mandato de actualizar la legislación secundaria en un plazo de 180 días, con lo que se fortalece el marco normativo para garantizar el acceso equitativo a la vivienda y dar cumplimiento a los principios de derechos humanos.
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.