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SCJN reanuda labores; los pendientes son la reforma judicial e impugnaciones del "viernes negro"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanudó labores entre cientos de asuntos pendientes de resolución sobre recursos relacionados con la reforma judicial e impugnaciones a diversas reformas impulsadas por Morena desde el sexenio pasado. 

Se trata de 471 inconformidades de los aspirantes a participar en la elección judicial y que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) declaró que no cumplen con los requisitos de elegibilidad. 

De acuerdo con la convocatoria emitida por el CEPJF estos recursos deben ser resueltos esta semana, sin embargo, algunos jueces de Distrito han ordenado al Comité detener el proceso de selección de candidatos, lo que puede retrasar la resolución de esas impugnaciones hasta que el Pleno de la Corte defina si acatará o no esas medidas. 

De acuerdo con la lista de asuntos para las primeras sesiones de 2025, el Pleno revisará cinco acciones de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por Morena y aliados en el Senado en abril de 2023 en lo que fue conocido como “el viernes negro”. 

Aunque varios ministros proponen anular las reformas por vicios en el procedimiento legislativo, actualmente sólo hay 10 ministros en funciones de los cuales Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres son afines al gobierno federal, lo que implica que no se reúnan los ocho votos necesarios para invalidar las modificaciones. 

También está pendiente la resolución en la que la Corte defina cómo México cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que le ordena eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa. 

Este asunto, listado para finales de febrero, puede resolverse con sólo seis votos.  

En la sesión solemne del Pleno de la Corte el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá rindió, por última ocasión, el informe de labores de la comisión de receso que conformó junto con la ministra Margarita Ríos Farjat. 

Durante su discurso recordó que el orden constitucional de 1917 sobrevivió más de un siglo sin cambios de fondo gracias a la voluntad de la mayoría de “jugar” bajo las reglas estructurales que fueron incluidas en la misma. 

“Esa voluntad parece haber flaqueado como las lágrimas holandesas, destruir el legado de más de un siglo es tan fácil que resulta sorprendente que no hubiera ocurrido antes, ante la incapacidad de abordarla de frente, de jugarla con las reglas establecidas, tan solo resulta necesario ejercer un poco de presión en la parte más frágil para dinamitar toda la estructura y en este punto no hay marcha atrás”, refirió el ministro. 

Con información de Proceso.

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Un difícil 2025 para algunos empresarios

Para ciertos empresarios, según ha trascendido desde el comercio organizado, el 2025 no tiene una buena expectativa pues, se dice que, en alguno de los organismos empresariales ya les comentaron que iniciará el cobro de uso de suelo, licencia de funcionamiento y demás trámites para todos los negocios en general, desde tiendas, ferreterías y también hasta salones para eventos.

De acuerdo a versiones de empresarios del sector especializado como lo es el de los salones infantiles, incluso, ya se habla del cierre de por lo menos dos de estos establecimientos, debido al exceso de tramitología, los pagos por derechos, servicios y hasta por la renta.

Los comentarios son en el sentido de que, con tanto trámite y cobros, se está afectando a esta sección de los empresarios y en contraparte, se favorece a quienes lo hacen fuera de los lineamientos legales o completamente fuera de la ley.

Estas son algunas de las expresiones, de quienes se sienten afectados por este exceso de tramitología y de cobros, según se han dicho.

Señalan que, en el caso de los salones para eventos, es un suplicio la tramitología por lo complicado de cumplir con lo dispuesto por Gobernación municipal y ni se diga en los trámites en el área de Desarrollo Urbano, de esa instancia; así como los relativos a uso de suelo, placa de aforo, Protección Civil, entre otros, que tienen que sortear y pagar, algo que no sucede con los establecimientos que operan en la ilegalidad.

Además, la puntilla para el sector, según se dice, puede ser la reforma laboral y si llega, la relativa a la reducción a las 48 a 40 horas de trabajo por semana, una iniciativa que se dice, sería el final para los pequeños empresarios, que no soportarían tantos trámites, cambios y cargas que se plantean. Así la expectativa, que tienen algunos para este 2025.

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