La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que suspendió, temporalmente, la operación de cuatro pozos, los cuales estaban destinados a la venta del líquido, en Teotihuacán, Estado de México.
Mediante un comunicado, la dependencia federal recordó que el pasado 26 de marzo, autoridades de los tres niveles sostuvieron una reunión con personas que bloqueaban la carretera federal México-Tulancingo quienes protestaban por la supuesta extracción ilegal de agua en estos pozos.
Posteriormente, personal de la Conagua llevó a cabo varias inspecciones en el lugar, en donde se pudieron revelar presuntos incumplimientos a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.
“Se aplicaron mediadas de apremio seguridad, consistentes en la clausura temporal de los pozos señalados”, sostiene la dependencia.
La Conagua detalló que Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad proporciona un marco fundamental que guía estas acciones, reafirmando que el acceso al agua es un derecho humano que debe ser protegido y garantizado para todas las comunidades.
Afirmó que todas las acciones relacionadas con la gestión de pozos irregulares se alinean con los principios del mencionado acuerdo.
“Esto incluye el fortalecimiento de la regulación para evitar la sobreexplotación de los recursos y fomentar la participación de la ciudadanía en la vigilancia y gestión de los recursos hídricos”, mencionó.
En México la extracción ilegal del agua se ha evidenciado en los últimos años, de acuerdo con una investigación de El Economista, entre 2019 y el 2022 se habían detectado 131,603 tomas clandestinas en ductos de agua públicos en 239 municipios del país.
Expertos consultados en ese momento, afirmaban que hasta 15% del agua del país se podría perder a través de las tomas clandestinas de las cuales, en muchas ocasiones, abastecen a piperos.
“Conagua reafirma su compromiso con una gestión responsable del agua, por lo que mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades estales y locales, así como con la comunidad, para asegurar un acceso legal y sostenible del agua”, afirmó la dependencia.
Con información de: El economista.