En la víspera de los aranceles, EU pone en tela de juicio la política energética de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estados Unidos considera como una de las “barreras a la inversión” la política energética mexicana aplicada por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

En la víspera de que Donald Trump anuncie una nueva política de aranceles recíprocos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer su informe de 2025 sobre las barreras comerciales que otros países imponen a sus productos.

El reporte documenta diversos obstáculos que, a consideración de la dependencia, afectan las exportaciones estadunidenses. Entre ellas incluye acciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que, asegura, impactan en dispositivos médicos, productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas.

Pero una parte sustancial del apartado dedicado a México lo constituyen las políticas instrumentadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuado por el de Claudia Sheinbaum para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.

La llamada Estimación Nacional de Comercio (NTE por siglas en inglés) para 2025 fue presentada al presidente Trump y al Congreso de Estados Unidos por la USTR y subraya la política comercial “Estados Unidos Primero” del magnate.

Retrasos, rechazos e inacción

En el subcapítulo titulado “Barreras a la inversión” del informe Barreras al Comercio Exterior 2025, la USTR menciona las dificultades que ha representado para Estados Unidos una política que restringe la participación privada en el sector energético.

“Desde diciembre de 2018, México ha implementado una política energética centrada en restablecer la primacía de su empresa eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos (PEMEX), y ha aplicado diversas medidas para lograr este objetivo”, menciona el informe.

La oficina comercial detalla que en marzo de 2021 el Congreso reformó la Ley de la Industria Eléctrica para exigir al operador nacional de la red eléctrica que priorice el suministro de electricidad generada por la CFE a la red sobre la generada por empresas eléctricas privadas, independientemente del costo o el impacto ambiental.

“Además, las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no pueden, en el sector energético mexicano debido a frecuentes retrasos, rechazos inexplicables o injustificados, y la inacción con respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos.

“Las suspensiones o revocaciones inexplicables o injustificadas de permisos existentes, así como otros impedimentos, también socavan la capacidad de las empresas privadas para operar instalaciones de energía renovable (por ejemplo, instalaciones eólicas y solares), importar o exportar electricidad o combustible, almacenar o transbordar combustible y construir u operar estaciones de servicio”, cuestiona el reporte.

Recuerda que en diciembre de 2019, el regulador energético de México otorgó a Pemex una prórroga hasta 2026 para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre establecidos en su norma de combustibles para ciertas zonas de México.

“Esta prórroga exime temporalmente a Pemex de la obligación de vender únicamente diésel de ultra bajo azufre en todo el país. Sin la prórroga, Pemex habría tenido que importar diésel de ultra bajo azufre de Estados Unidos o modernizar sus instalaciones para producir diésel de ultra bajo azufre en cantidades suficientes”.

Menciona que en junio de 2022, la Secretaría de Energía anunció una nueva política que exigiría a los usuarios de la red de transporte de gas de México abastecerse de gas natural de Pemex o de la CFE.

“Varias empresas estadunidenses han reportado su salida del mercado energético mexicano como consecuencia directa de estas medidas”, deplora la USTR.

En ese contexto menciona que en julio de 2022, Estados Unidos solicitó consultas con México bajo el Capítulo 31 del T-MEC con respecto a estas medidas.

También relata que en enero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales partes clave de la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica.

“Sin embargo, en octubre de 2024, México ratificó una reforma constitucional para reclasificar a la CFE y PEMEX como ‘empresas públicas’ en lugar de ‘empresas productivas’, con el fin de socavar la participación de empresas privadas, incluidas las estadounidenses, en el mercado energético mexicano”, señala.

Y finalmente destaca que en enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un paquete de reformas con seis proyectos de ley relacionados con la energía que, entre otras cosas, incluyen como principio garantizar la prevalencia de la CFE y su mantenimiento de al menos el 54 por ciento de la energía promedio enviada a la red, exigir que la CFE tenga una participación de al menos el 54 por ciento en cualquier proyecto de generación de electricidad de “inversión mixta” y establecer una preferencia para la CFE sobre los particulares en la generación y comercialización de electricidad.

La USTR menciona que México restringe la inversión extranjera en ciertos sectores bajo la Ley de Inversión Extranjera.

“Ciertos sectores, como la infraestructura de transporte, están totalmente cerrados a la inversión extranjera. La propiedad extranjera está limitada al 49% para empresas de mensajería urgente y terrenos para fines agrícolas, ganaderos y forestales, así como para servicios de administración portuaria”.

Barreras aduaneras

En otros pasajes del informe, la Oficina Comercial estadunidense cuestiona que México continúa notificando con poca antelación los cambios de procedimiento, presentando una interpretación inconsistente de los requisitos regulatorios en los diferentes puestos fronterizos y una aplicación desigual de las normas mexicanas y las reglas de etiquetado.

“Con frecuencia, la notificación de nuevos requisitos aduaneros o fiscales se realiza dos semanas o menos antes de su entrada en vigor, lo que deja a los exportadores estadounidenses con poco tiempo para adaptar sus sistemas y cumplir con el cambio”, reclama.

El plazo para presentar comentarios sobre las modificaciones regulatorias propuestas suele ser de tan solo siete días y algunas mercancías aún no pueden importarse en todos los puertos de entrada, expone el documento.

“La restricción de mercancías a ciertos puertos ha dificultado que los exportadores estadounidenses gestionen el transporte y la logística, especialmente para las compras de comercio electrónico de PYMES exportadoras estadounidenses”.

El T-MEC prohíbe la imposición de límites arbitrarios al número de puertos en los que puede operar un agente aduanal; sin embargo, el Artículo 161 de la Ley Aduanera de México limita la operación de un agente en cuatro puertos si no forma parte de una agencia aduanal, expone el documento.

“Estados Unidos sigue instando a México a modificar la ley para permitir que los agentes operen en cualquier puerto donde puedan desempeñar sus funciones”, insiste.

El T-MEC también exige que México implemente una opción de pago periódico para los envíos de entrega exprés, algo que México no había hecho hasta diciembre de 2024, indica el reporte.

“Además, las partes interesadas estadounidenses han expresado su preocupación por un nuevo requisito para acceder a procedimientos simplificados para envíos a México con un valor inferior a 2 mil 500 dólares”, reclama.

Dispositivos médicos, suministros y productos farmacéuticos

La industria continúa reportando retrasos de entre 18 y 24 meses para la adjudicación de registros sanitarios y solicitudes de permisos de importación, cuestiona la USTR.

Aunque reconoce que en general el entorno regulatorio ha mostrado mejoras menores, insiste en que se requieren cambios estructurales para facilitar el registro en México.

“Si bien la Cofepris continúa superando su atraso, las empresas que intentan registrar productos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) en México continúan reportando retrasos de más de un año.

“El retraso regulatorio sigue siendo una barrera principal para ingresar al mercado mexicano de dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Según se informa, la Cofepris continúa con escasez de personal y capacidad insuficiente para otorgar registros sanitarios y realizar inspecciones de fábrica para emitir certificaciones de buenas prácticas de manufactura dentro de los plazos establecidos.

“La Cofepris se encuentra en proceso de implementar mecanismos de confianza para las aprobaciones e inspecciones y, como parte de estos esfuerzos, continúa manteniendo conversaciones técnicas regulatorias con la FDA para identificar oportunidades de mejora en su proceso de revisión”, añade.

Piratería

La USTR advierte que a medida que aumenta el acceso a la banda ancha, también lo hace la piratería en línea.

“Las partes interesadas informan que México tiene una de las tasas más altas de piratería de música y videojuegos del mundo”, sostiene el informe, que critica la coordinación deficiente entre los funcionarios federales, estatales y municipales; recursos limitados para los procesos judiciales; la falta de investigaciones sostenidas dirigidas a los proveedores de bienes y servicios falsificados y pirateados; y la falta de sanciones suficientes para disuadir las infracciones.

Señala que los mercados El Santuario y el Mercado San Juan de Dios en Guadalajara, así como el mercado de Tepito en la Ciudad de México, figuran en la Revisión de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios) por la venta de productos pirateados y falsificados.

Órganos autónomos

La reforma constitucional de diciembre de 2024 que elimina agencias reguladoras independientes y autónomas en México, incluido el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), “ha suscitado importantes preocupaciones sobre el cumplimiento continuo de México con sus obligaciones bajo el T-MEC”, expone el reporte de la USTR.

“Si bien el IFT aún existía en diciembre de 2024, el gobierno mexicano planea aprobar leyes secundarias que asignarán algunas funciones del IFT a una nueva agencia de transformación digital y telecomunicaciones, y otras funciones a una nueva agencia de competencia antimonopolio”, indica el informe.

El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace.

Con información de proceso.com.mx