La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido un total de 29 impugnaciones en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe a personas servidoras públicas promocionar la elección judicial.
Entre las autoridades que han impugnado dicho acuerdo están la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
Además, destacan personajes como Loretta Ortiz Ahlf que, en su calidad de candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también impugnó el acuerdo del INE que restringe la difusión del Proceso Electoral Extraordinario.
Desde el pasado 29 de marzo, el INE aprobó un acuerdo que prohíbe a las personas servidoras públicas, instituciones y autoridades usar recursos públicos para promover el voto y la participación en la próxima elección judicial, a celebrarse el próximo domingo 1 de junio de 2025.
En sesión extraordinaria, las y los integrantes del Consejo General del Instituto aprobaron por mayoría de votos esta disposición propuesta por el consejero Arturo Castillo, la cual además prohíbe a los servidores públicos crear espacios para la difusión de perfiles de las candidaturas al Poder Judicial.
Las y los consejeros acordaron que el Instituto podrá celebrar convenios para promover y difundir la elección en los espacios de radio y televisión asignados a las autoridades.
La prohibición se integró a los criterios aprobados para garantizar la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas de jueces, magistrados y ministros, que iniciaron el pasado 30 de marzo y se extenderá hasta el próximo 28 de mayo; es decir, 60 días.
Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que impugnaría ante el Tribunal Electoral la medida del INE que también le prohíbe al gobierno promover la participación ciudadana en la elección judicial, incluso desde la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.
“Creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, pues igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va ocurrir en México el 1 de junio”, dijo.
Además, la mandataria argumentó que no había sido notificada de la determinación del INE, aunque como te explicamos en esta nota de El Sabueso, ese dicho es engañoso dado que el propio documento establece que su entrada en vigor es desde el momento de su publicación, sin necesidad de notificación.
A los dichos de la presidenta se sumaron los de la ministra Ortiz Ahlf, quien aspira a mantener su cargo en la Corte mediante el voto popular, que también impugnó el acuerdo al considerar que se trata de un proceso histórico y extraordinario en el que “resulta contraproducente y hasta ridículo que su difusión quede limitada exclusivamente al INE”, aseguró.
Pese a la resolución del INE y a que el Tribunal Electoral no ha resuelto aún las impugnaciones, algunos diputados y senadores de Morena, junto con el gobierno federal, advirtieron que no frenarán su estrategia de promover la primera elección judicial de México, pues consideran que los esfuerzo del Instituto no será suficientes para que la población conozca el proceso electoral en su totalidad antes del próximo 1 de junio.
Ahora, para resolver la mayoría de las 29 impugnaciones, será el magistrado Felipe de la Mata Pizaña quien deberá elaborar un proyecto de sentencia en el que determine si le da la razón al INE o a las autoridades y actores que han impugnado la medida, documento que deberá ser sometido ante las y los magistrados del Tribunal Electoral y ser aprobado por mayoría de votos.
Con información de: Animal político.