Defensores públicos piden intervención de Brugada para mejora laboral; protagonizan altercado

CIUDAD DE MÉXICO (apro). Personal de la Defensoría Pública de la Ciudad de México buscan que la jefa de Gobierno, Clara Brugada intervenga para que el Tribunal Superior de Justicia capitalino mejore sus condiciones laborales y salariales. 

Para llamar la atención de Brugada, este 2 de abril un grupo de defensores públicos intentó cerrar los accesos al estacionamiento de jueces en el edificio del tribunal “Clementina Gil de Lester” ubicado en Avenida Juárez 8, donde se encuentran los juzgados familiares y las oficinas de la Defensoría. 

Sin embargo, esto derivó en que personal de seguridad del edificio, entre ellos el capitán del inmueble, obligaron a los inconformes a retirarse del lugar lo que provocó un breve enfrentamiento con los defensores. 

Las imágenes del altercado circularon en redes sociales desde ayer sin que hasta el momento la Presidencia del Poder Judicial local, encabezada por Rafael Guerra Álvarez, se pronuncie al respecto. 

Sin respuesta

Desde el pasado 19 de marzo los defensores públicos entregaron ante la Dirección General de Servicios Legales del Gobierno de la CDMX un escrito en el que manifestaron sus inconformidades y demandas pero no han obtenido respuesta. 

Por ello, el pasado 31 de marzo solicitaron por escrito a la jefa de Gobierno, Clara Brugada y a la Consejera Jurídica, Erendira Cruzvillegas Fuentes, acudir presencialmente a las oficinas de la Defensoría Pública para dialogar. 

Ello, debido a que consideran que los defensores públicos se encuentran en situación de vulnerabilidad porque, afirmaron, son víctimas de violencia laboral, discriminación, estigmatización, entre otras. 

“Por ello y con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y derivado de la situación actual que se vive en la defensoría, le solicitamos respetuosamente su presencia de manera urgente en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental Jurídica Familiar, ubicadas en Avenida Juárez, Número 8, Primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc”, señala el escrito dirigido a Brugada y del que Proceso tiene una copia. 

Entre otras cosas, los defensores públicos capitalinos exigen ser tratados dignamente, con perspectiva de género y confrome a sus derechos humanos; que los superiores jerárquicos respeten a las mujeres defensoras públicas; que se establezca un protocolo para los defensores públicos que deban atender a personas con condiciones como esquizofrenia, transtornos mentales, sordomudos, epilepsia, de comunidades indígenas, de la comunidad LGBT e incluso usuarios identificados como violentos. 

“Cese a la Violencia Laboral en contra de las personas Defensoras Publicas; cese a la exigencia  de renuncias de manera arbitraria al personal que labora en las diversas áreas de la Defensoría Pública; cese a la discriminación, estigmatización y acoso Laboral por parte del Director General de Servicios Legales Mtro. José Juan Torres Tlahuizo, así como de la Asesora Jurídica de la Dirección de Defensoría Pública, Dra. Jazmín Perla Garduño García. 

“Cese al incremento de la carga de trabajo sin nuevas contrataciones; homologación salarial de las Personas Defensoras Públicas; con los Ministerios Públicos como marca la Constitución; acompañamiento de especialista en psicología, para la atención y contención de las personas usuarias con posibles problemas o daño emocional, así como, con tendencias violentas”. 

Reforma judicial

El conflicto surge en el marco de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y de la reforma judicial en la CDMX que han provocado, por un lado, la extinción de juzgados de proceso escrito en materia familiar y creación de salas de oralidad; así como el inicio del proceso electoral para renovar a los juzgadores capitalinos. 

Todo esto pese a la implementación de lineamientos de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal que suspendió la creación de plazas, la contratación de personal y prestadores de servicios profesionales; se restringió el uso de papel y, por tanto, la emisión de documentos impresos; se prohibieron las remodelaciones o la compra de mobiliario nuevo para las oficinas, entre otras cosas. 

Con información de proceso.com.mx